Cels: Límites al derecho a la protesta
El gobierno nacional
dio a conocer un protocolo para la actuación policial en las manifestaciones
públicas que otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir
y criminalizar las protestas sociales.
Esta decisión limita
derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima
de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la
libertad de expresión. Además, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich,
anunció el protocolo con declaraciones amenazantes que completan el espíritu
antidemocrático de la medida.
Uno de los aspectos
más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los
policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni
tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una
medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de
represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas
de muertos. La resolución también habilita detenciones con criterios amplios e
imprecisos.
Es decir que el
gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad
y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. El
texto de la resolución también limita el trabajo periodístico ya que la policía
indicará a los trabajadores de prensa dónde pueden ubicarse. Esto afecta de
manera negativa la libertad de prensa e impide el control que el registro
fotográfico y audiovisual ejerce en el trabajo policial, como se ha demostrado
en el esclarecimiento de homicidios cometidos por la policía en protestas
sociales.
La resolución delega
en las fuerzas de seguridad federales y provinciales la elaboración de los
protocolos operativos que regulan la intervención en las protestas
sociales y que incluyen aspectos
críticos como el uso de la fuerza. Sin embargo, las autoridades no pueden
renunciar a sus funciones de gobierno y control político de las fuerzas en
aspectos esenciales para la vigencia del ejercicio de los derechos
fundamentales.
En 2011, las
provincias adhirieron a los “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos
de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en
Manifestaciones Públicas”, orientados a proteger y garantizar los derechos
involucrados en las protestas sociales. Por un lado, las autoridades
provinciales y nacionales deben ratificar la vigencia de estos principios. Al
mismo tiempo, los Criterios deberían ser convertidos en una ley destinada a
proteger a largo plazo y en todo el país los derechos humanos en las protestas
sociales.
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